La tierra en la agenda de la paz

El primer paso podría ser ya el primer obstáculo

El ambientillo de optimismo que emanaban las páginas de internet de la prensa colombiana y las redes sociales en las últimas semanas comenzó a desvanecerse luego del discurso de Iván Márquez en Oslo.

Para todos los que nos habíamos hecho –con fundamentos o sin ellos- algunas ilusiones sobre las nuevas conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla, las palabras del jefe guerrillero nos hicieron volver a la realidad del enorme desafío que se avecina. La pobreza extrema, la desigualdad de ingresos, y la injusticia que reinan particularmente en el campo colombiano y que se han agravado en las últimas décadas se revelan desde ya como el primer enorme obstáculo para el avance de las conversaciones. No porque la firma de la paz esté directamente condicionada a la reducción significativa de los niveles de inequidad (pues este es un proceso que lleva su tiempo) sino porque la firma sí está condicionada a la puesta en marcha de un programa efectivo de devolución y titulación de tierras. Algo que debió haber comenzado hace meses y que no está sucediendo.

Si alguna legitimidad han tenido las FARC a lo largo de su historia, ésta le viene de la tradición de despojo y acaparamiento de la tierra de los que han sido víctima campesinos y comunidades agrarias en numerosas zonas del país que por ello sobreviven en la miseria. Dados sus orígenes campesinos, las FARC han abanderado esta lucha, y aunque mucha agua ha corrido bajo el molino desde los comienzos de esa guerrilla, también bastante agua sucia, en este punto tienen razón. La tienen hoy más que nunca, dada la presencia de los grandes poderes económicos nacionales y transnacionales tras el suelo y subsuelo del país, quienes hacen caso omiso de los costos sociales y ambientales de sus proyectos económicos.

¿Cuál es la propuesta de Santos para quitarles a las FARC el argumento de la pobreza y la inequidad en el mundo rural? La ley 1148 de junio de 2011 de víctimas y restitución de tierras. Esta ley es una herramienta en la que ha venido trabajando este Gobierno desde sus inicios y con la que espera llevar justicia al campo.

Sin entrar a discutir ahora el contenido e implicaciones de esta ley – en sí misma una ley no poco controvertida, objeto de numerosos análisis – los meros intentos de comenzar a implementarla han generado tal cantidad de ataques, asesinatos y amenazas contra líderes campesinos, que las buenas intenciones que pudieran asistir a la administración de Santos podrían no ser suficientes para llevar adelante esta empresa. La realidad es que hay sectores poderosos activos en determinadas regiones -precisamente en las regiones en las que más abusos se han cometido y se siguen cometiendo- que se están dando a la tarea de evitar a sangre y fuego la aplicación de esta ley. Los ejemplos de las acciones de los ejércitos antirrestitución son lamentablemente cada vez más frecuentes.

Al presidente Santos, que ha demostrado tanto empeño en la búsqueda de la paz con la guerrilla, deberían preocuparle fuertemente estas campañas violentas dirigidas a impedir que se devuelvan y titulen las tierras, o sea, el desarrollo de la institucionalidad, su propuesta para solucionar el problema del agro, la base para empezar a construir la paz. Si el Gobierno no toma las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la tierra vuelva a los campesinos y comunidades, entonces no va a contar ni siquiera con ese pequeño avance para presentar el mes próximo en La Habana cuando comience a debatirse sobre la tierra, el primer punto de la agenda.

¿Qué esperanza tienen estas conversaciones si no se cumple ese mínimo elemento de base?

En sus análisis sobre el discurso de Iván Márquez en Oslo, muchos comentaristas se refirieron al tema del cuestionamiento de las FARC al modelo de desarrollo económico vigente. El asunto es que por lo años que corren el cuestionamiento al modelo neoliberal es algo que se ha generalizado y normalizado en el mundo. La crítica al neoliberalismo, un modelo que ha incrementado la desigualdad en todas partes, se basa en los análisis realizados por importantes economistas internacionales ajenos al izquierdismo. Esta crítica la comparten hoy movimientos sociales de muchos países, indignados, occupy, partidos políticos, asociaciones ecológicas, pueblos indígenas de todo el mundo, todos ellos alejados de cualquier forma de violencia, y que esperan la revisión de estas políticas desde la legalidad. El modelo de desarrollo agroindustrial y los proyectos extractivistas de larga escala aniquilan al individuo, destruyen las comunidades y causan deterioros irreversibles en el ambiente. Como dijera recientemente el conocido economista británico investigador sobre temas de medio ambiente y cambio climático, Nicholas Stern, para referirse a la amenaza de la locomotora minera que avanza en Colombia, “Puede resultar más rentable dejar esos recursos enterrados que explotarlos”.

La exigencia de un cambio inmediato del modelo económico no está hoy en la agenda de las negociaciones, pero si se quiere construir una paz firme y duradera, basada en el bienestar económico y social de las comunidades, tarde o temprano habrá que cambiar el modelo. Ojalá más temprano que tarde. Los herederos desarmados de las FARC podrían contribuir desde su lucha en el Parlamento, desde las administraciones locales y desde la protesta popular a presionar este cambio.

Pero por ahora el primer paso le corresponde darlo al Gobierno, que debe  garantizar una auténtica restitución y asegurar que quienes reciban tierras cuenten con la protección y los medios para trabajarla.

One thought on “La tierra en la agenda de la paz

  1. Hola Amira: buen análisis y muy acertado tu planteamiento de que con el desarrollo de la Ley 1148 el Estado colombiano se está jugando su credibilidad como agente de cambio. Las Farc dudaron en su momento de la fortaleza de Pastrana para garantizar el cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociación: es la misma duda que pueden estar teniendo ahora con Santos y su incapacidad para hacer realidad esta ley.

    Comparto también contigo que es necesario hacer cambios en el modelo económico del país. Sin embargo, ¿son los herederos de las Farc los encargados de hacer esta tarea? Al marxismo-leninismo no es que le haya ido mejor. Le sigo apostando a un cambio de valores en la cultura para crear ese ideal de construir un país más justo y equitativo: solo entonces se logrará la suma de voluntades necesaria para hacerlo (acepto tu voto, jajaja).

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